Situación actual de la investigación científica en salud en El Salvador

Por Javier Isaac Molina Velásquez

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Señora Editora.

Respecto al artículo sobre la investigación en las ciencias de la salud, publicado en la revista Alerta, volumen 1, número 1ⁱ, menciona que la investigación en salud debe jugar un papel importante en la identificación y solución de los problemas sanitarios que afectan a las comunidades de nuestro país, por lo cual es importante conocer el panorama actual de la investigación científica en salud en El Salvador, y su evolución a través del tiempo, para impulsar nuevas normativas y proyectos que permitan fomentar la cultura investigativa para el beneficio de la sociedad salvadoreña.

Es importante reflexionar en relación a que fortalecer la infraestructura y promoción de la investigación en salud en El Salvador, permitiría: obtener datos, información y evidencia científica para la toma de decisiones, mejorar las políticas de salud pública, crear nuevas estrategias sanitarias, desarrollar acciones más certeras de prevención de enfermedades y finalmente, mejorar la salud de la población en general. A pesar que en El Salvador no existe una cultura de investigación consolidada, es posible avanzar mediante la regulación, el fortalecimiento y la aplicación efectiva de las políticas que la promuevenⁱⁱ.

Lo respectivo a las legislaciones, aún se están gestando; sin embargo, es importante hacer un acercamiento al marco normativo existente, por ello se desarrollan algunas ideas a continuación. En la Constitución de la República de El Salvador, se reconoce de forma general la importancia del desarrollo científico, por medio del artículo 53, el cual expresa: «El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana… El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico», por lo que siempre ha sido necesario la creación de más leyes que promuevan y regulen la actividad científica. A consecuencia de lo descrito anteriormente, en el año 2016 fue publicada la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico en El Salvador, la cual es producto de muchas consultas y talleres con las diferentes universidades e instituciones vinculadas a la investigación, ciencia y tecnología en el país, como parte de las acciones plasmadas en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual estaba destinada a solucionar los problemas de la formación profesional en investigaciónⁱⁱⁱ.

Otra normativa importante es la Ley de Educación Superior de El Salvador, que en su artículo tres, establece que la educación superior integra tres funciones: «La docencia, la investigación científica y la proyección social»; además, esta misma ley autoriza a las universidades optar por el mejor camino para ejecutar dichas funciones, siendo especificado en el artículo 25 Inciso tres, el cual cita que «Las universidades estatales y privadas, están facultadas para: a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, investigación y proyección social, y la proporción de sus planes y programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos…»; el Reglamento de la Ley de Educación Superior, determina en su artículo 23 que «para el desarrollo de la investigación, las Instituciones de Educación Superior (IES) deberán contar con una estructura organizacional, políticas y reglamentación necesaria, personal encargado de administrar y de ejecutar los proyectos, presupuesto, infraestructura y demás recursos necesarios»; sin embargo, en la práctica persisten grandes limitaciones estructurales, económicas y profesionales que dificultan fomentar la investigación en El Salvador.

Un punto importante a tener en cuenta en esta travesía hacia el desarrollo científico, es la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, la cual establece en el artículo tres, que uno de los fines de la universidad es: «Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter universal, principalmente sobre la realidad salvadoreña y centroamericana». Además, con la creación de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y la reestructuración del Consejo de Investigaciones Científicas, CICUES, a inicios del 2015, se buscó modernizar la Política de Investigación que regiría la investigación científica en la Universidad de El Salvador, para el quinquenio 2016  2020; no obstante, estos esfuerzos tuvieron un impacto limitado en el campo de la investigación en salud, debido principalmente a la falta de recursos y a la escasa vinculación con las necesidades del sistema de salud nacional.

En años recientes, se han dado pasos importantes. Los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente emitieron un dictamen favorable para la creación de la Ley de Ensayos Clínicos con Productos Regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria, con lo cual se busca regular los ensayos clínicos que se realicen con medicamentos, suplementos nutricionales, productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos, así como las nuevas tecnologías sanitarias.

Asimismo, en febrero de 2025 se presentó a la asamblea legislativa un anteproyecto de Ley de Investigación para la Salud, orientado a promover, desarrollar y regular proyectos de investigación científica en este campo. Además de lo anterior, el Instituto Nacional de Salud impulsa dos documentos normativos que se encuentran en este año en proceso de oficialización por parte del Ministerio de Salud, estos son: el Manual de procesos y procedimientos en salud y los Lineamientos técnicos para la investigación en salud, los cuales aportarán al fortalecimiento legal de la investigación. Sin embargo, es fundamental garantizar que todas estas iniciativas cuenten con mecanismos claros de financiamiento, monitoreo y aplicación efectiva.

Aunque se reconocen avances en legislación, persisten limitaciones estructurales, económicas y de vinculación con las necesidades del sistema de salud. Es indiscutible que hay mucho por hacer en el fortalecimiento en la formación de investigadores, en la consolidación de la infraestructura destinada a la investigación, en garantizar su sostenibilidad financiera, y en orientar las investigaciones hacia las prioridades de salud del país, pero esto es el reto que a mediano plazo permitirá crear las bases políticas de salud pública, contribuyendo a mejorar la atención de la población y que permita al país a posicionarse en este campo a nivel internacional.