Carta al editor

Desafíos actuales del derecho a la protección de la salud en El Salvador

Señora Editora..

Hago referencia a la correspondencia «La importancia del derecho sanitario en la legislación en salud»i, publicada en el volumen 7, número2 de la revista Alerta. Es posible afirmar que el derecho a la protección de la salud es un ejemplo de progreso en la relación entre los derechos sociales y los derechos fundamentales, cuya inclusión en los textos constitucionales es uno de los mayores logros del constitucionalismo del siglo XX. Este derecho, que es una auténtica demanda ético-jurídica derivada de la dignidad, la libertad y la igualdad inherentes a la persona humana, ha suscitado debates sobre su justiciabilidad y la competencia de los tribunales para protegerlo.

El reconocimiento del derecho a la protección de la salud está íntimamente ligado al desarrollo del Estado social, que surgió como respuesta a las deficiencias del liberalismo clásico y se caracteriza por la intervención estatal para disminuir las desigualdades sociales y promover el bienestar general. La Constitución salvadoreña de 1950 fue la primera en el país en reconocer de forma explícita los derechos sociales, elevando el derecho a la protección de la salud a la categoría de bien público, establecido en su artículo 206.

Constitucionalización del Estado social y del derecho a la protección de la salud

La Constitución de 1983, sucesora de la Constitución de 1950 y la de 1963, continúa dando reconocimiento y protección a los derechos sociales. En particular, en el artículo 65, establece que la salud de los habitantes constituye un bien público, lo que obliga tanto al Estado como a los particulares a velar por suconservación y restablecimientoii.

El derecho a la protección de la salud

Si bien se entiende como un derecho fundamental, presenta un objeto complejo, que incluye obligaciones tanto positivas (o de hacer) como negativas (o de no hacer) dirigidas al Estado y a los particularesiii. Sin embargo, su contenido y alcance han sido objeto de debate doctrinal, ya que algunos lo consideran demasiado abstracto, mientras que otros argumentan que implica obligaciones significativas para el Estadoiv.

Justiciabilidad del derecho a la protección de la salud

La justiciabilidad de este derecho es un tema controvertido, ya que se ha cuestionado la legitimidad y competencia de los tribunales para su protecciónv. Además, enfrenta dificultades relacionadas con la falta de especificación de su contenido y la inadecuación de los mecanismos procesales tradicionalesvi. Por ello, se han propuesto nuevas formas de ampliar el acceso y la protección de este derecho, incluyendo la legitimación activa de intereses difusos en procesos de amparovii, la justiciabilidad del derecho frente a particularesviii y el proceso de inconstitucionalidad por omisiónvii.

La importancia del derecho internacional en la ampliación del alcance

El derecho internacional en el marco de los derechos humanos juega un papel interpretativo crucial en la definición del contenido y alcance del derecho a la protección de la saludviii. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvadorix han sido fundamentales para establecer un marco normativo que complementa y refuerza el contenido de este derecho en El Salvador. Por lo tanto, es necesario propiciar la formulación de normativas ético-jurídicas para aumentar el acceso y garantizar la protección del derecho a la salud.

La importancia de la prohibición de regresividad del derecho

El principio de prohibición de regresividad es crucial para el derecho a la protección de la salud, ya que impide la derogación o reducción del nivel de reconocimiento y protección de este derecho. Además, establece una presunción de invalidez para cualquier medida regresiva adoptada por el legislador y sirve como estándar de análisis para la jurisdicción constitucionalx. En conclusión, el derecho a la protección de la salud enfrenta desafíos significativos en términos de su garantía y justiciabilidad relacionados con la legitimidad y competencia de los tribunales para su protección, la falta de especificación de su contenido y la inadecuación de los mecanismos tradicionales de justiciabilidad para su protección. Por ello, es necesario analizar medidas distintas a las tradicionales en el marco del derecho constitucional para mejorar su acceso y alcance, asegurando una protección efectiva que responda a las necesidades de las personas en respuesta a las exigencias ético-jurídicas derivadas de la dignidad, libertad y la igualdad de las personas. El derecho internacional ofrece valiosas herramientas interpretativas que pueden ayudar a fortalecer el marco constitucional y asegurar una protección más robusta del derecho a la salud.

  1. Molina Velásquez JI, Erazo Salas SP. La importancia del derecho sanitario en la legislación en salud. Alerta (San Salvador). 2024;7(2):217-218.DOI: 10.5377/alerta.v7i2.17583
  2. Constitución de la República de El Salvador. 1983. Disponible en: https//171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf.
  3. Holgado González M. Dependencia y derecho a los cuidados desde una perspectiva de género. LexSocial. 2021;9(1):46-68.DOI: 10.46661/lexsocial.3971
  4. Fuenzalida-Puelma HL, Scholle Connor S, Pan-American Health Organization, editors. The Right to health in the Americas: a comparative constitutional study. Washington: Pan American Health Organization; 1989. 661 p.
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  6. Martínez Martínez VL. Contenido esencial y justiciabilidad de la seguridad social. Díkaion. 2022;31(1):177-209. DOI: 10.5294/dika.2022.31.1.8
  7. Bazán V, Bidart Campos GJ, editors. Defensa de la constitución: garantismo y controles. 1a. ed. Buenos Aires: Ediar; 2003.
  8. Borowski M. La Drittwirkung ante el trasfondo de la transformación de los derechos morales en derechos fundamentales. derest. 2019;(45):3-27. DOI: 10.18601/01229893.n45.01
  9. Organization of American States, editor. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador: suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos; 1988. 36 p.
  10. Vivas Roso J. Prohibición de regresividad de los derechos sociales y derecho a la salud en Venezuela. Rev. Eurolatin. Derecho Adm. 2022;9(1):43-60. DOI: 10.14409/redoeda.v9i1.11492
  11. Citación recomendada: Alfaro Alvarado, A. (2025). Desafíos actuales del derecho a la protección de la salud en El Salvador. Alerta, Revista científica Del Instituto Nacional De Salud, 8(1), 137–138. https://doi.org/10.5377/alerta.v8i1.19200

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